Perfecto imperfecto (20200630)
Jolie Totò Ryzanek Voldan.
“Todo lo humano es imperfecto” reza el refrán, porque
reconoce intrínsecamente que toda obra humana posee algún defecto o falla que
antes o después acabará con ella, como las enfermedades o la vejez acaban con
la existencia humana.
De ahí que todo esfuerzo o conquista humana será superada
por otros logros constantemente, y que lo único que resta es “ir acomodándose a
tales cambios”, precisamente, para asegurar en lo posible el goce de nuestro
bien más preciado: la vida.
En ese orden de ideas hemos de reconocer que aunque poseemos
libertad e independencia, nuestras acciones siempre están condicionadas a la no
transgresión de las leyes y disposiciones que rigen nuestro existir en sociedad,
por lo que la libertad lo será, siempre y cuando no transgredamos la ley,
porque en ese preciso momento dejará de serlo y se conceptuará como libertinaje,
y en términos legales como falta o delito, acorde a la gravedad de la falta cometida
que esté vigente en la legislación.
Tal planteamiento de cosas viene al caso precisamente, por
el principio jurídico mundialmente reconocido que “nadie es superior a la ley”,
y por ende, las instituciones, organismos y poderes del Estado tampoco lo son.
Es decir, que “la independencia de cada institución, organismo y poder estatal
estará indefectiblemente sujeto a la primacía de la ley para la toma de sus decisiones”,
y no como el proceder de la actual Junta Permanente del Congreso de Guatemala
que so pretexto de “su independencia”, dispuso no obedecer las órdenes del
máximo tribunal guatemalteco: la Corte de Constitucionalidad, en cuanto al
proceso y normativas a seguir para la elección de magistrados a la Corte
Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, lo cual es completamente INACEPTABLE
JURÍDICAMENTE hablando, precisamente, por el mismo principio de sujeción de
todo al imperio de la ley.
Es inaudito que pretextando una “independencia de decisiones”,
y que obviamente esconde intereses muy aviesos, vengan a rechazar o desobedecer
una orden judicial, y peor aun, si esta proviene de la máxima corte del país.
El acabose de tan vergonzoso proceder (de la Junta
Permanente del Congreso de Guatemala), ha sido la actuación en contubernio con
una Corte Suprema de Justicia (integrada completamente por magistrados
suplentes) de dar trámite y nombrar una Junta Pesquisidora para retirar el
derecho de antejuicio que poseen los únicos tres magistrados honorables a la
Corte de Constitucionalidad, en un esfuerzo cuasi-legal de “legalizar” lo que a
todas luces es ilegal.
Es claro que en la elección de magistrados a las cortes
existe un claro interés para que resulten electos personajes que poseen serios cuestionamientos
en cuanto a su idoneidad y honradez que les impiden el acceso a tal elección,
pero que igualmente, poseen una enorme influencia (“conectes”), para que con su
elección los corruptos de siempre puedan seguir gozando de impunidad, lo cual
de suyo es grave para el presente y futuro del país.
