A pocas horas que un año sea completado, es bueno hacer un recuento de logros y estado de las metas por cumplir, pero también de los costos que ello ha implicado y sus repercusiones a futuro.
En tal sentido, caemos en cuenta que “como que se nos juntaran” muchas cosas que no podemos remediar, pero sí hemos de soportar. Que pese a nuestros esfuerzos y luchas, hubo quienes pudieron más por diferentes causas o condicionantes como el poder y el dinero, lo cual lejos de llevarnos a la decepción, debe llevarnos a la reflexión, porque por vez primera hemos visto el retorcimiento de un ordenamiento legal y económico que creímos infalible, que no superó la “prueba de fuego” a que lo sometió el gobierno que finalmente dejará el poder con el país en la ruina económica y con operadores de justicia parcializados a su favor.
Quién iba a creer que aquellos ultraderechistas que vociferaban que combatirían todos los males patrios con “Mano Dura”, no solo no hicieran nada al respecto de la inseguridad, sino que la acrecentaron al convertirse ellos mismos en un “frente legal” de una nueva clase delincuencial. No es que hablemos de rumores o tan solo el testimonio de un condenado, hablamos de lo que vivimos y vemos, y debemos presenciar pusilánimemente, al fallar todas las previsiones que se habían tomado.
Ha sido tal el descaro de la nueva casta, que muestran el producto de su proceder delincuencial mediante construcciones faraónicas y compras lujosas que van muchísimo más allá de su poder adquisitivo; situación que en cualquier país civilizado hubiera motivado ya su retiro del poder, so pena de convertirse en una clase convicta.
Ante tal situación, se me ocurre que quizá la primera medida que deba tomar el próximo gobierno, que obviamente no será del Partido Patriota ni de la UNE, deba ser reformar nuestro ordenamiento legal para lograr su fortalecimiento institucional, propugnando para que se suprima de nuestra legislación el derecho de antejuicio, precisamente, por ser inconstitucional, ya que contradice el principio de igualdad para todos los guatemaltecos ante la ley.
A sabiendas que esta es un arma de dos filos, porque dejaría “sin protección” a cualquier funcionario mientras se prueba la verdad de las acusaciones, deberá atarse a tal disposición una muy severa e inapelable pena inconmutable económica y carcelaria por injuriar y difamar a los funcionarios que hayan sido acusados, sin habérseles probado nada.
Que el pueblo posea real y prácticamente el derecho de remover de su puesto a cualquier funcionario que no cumpla las funciones para las que fuera electo, sin que ello sea interpretado como un Golpe de Estado en cualquier momento, sino como el ejercicio de la soberanía de un pueblo sobre sus gobernantes.
Feliz y pensativo Año Nuevo 2015.
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