Editorial 22 (20150901)

EDITORIAL

Consideraciones acerca de una renuncia

Hace varios meses se ha venido dado un pulso entre la población y el presidente, quien merced de la inmunidad que ostenta no ha podido ser investigado, aunque hay claros indicios que está involucrado en actos delictivos.

Así, unos exigen que renuncie y enfrente la justicia, mientras que él se niega a renunciar, aduciendo que es inocente y que debe conservar el orden institucional, por lo que entregará la banda presidencial hasta el 14 de enero a las 14 horas.

Los inconformes amparan su petitorio en medios probatorios hechos públicos por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en el desencanto generalizado por su mala gestión, además que han sido desvelados otros actos de corrupción en diferentes entidades llevados a cabo por funcionarios nombrados durante su gestión.

Tal estado de cosas ha provocado un interdicto jurídico, puesto que por un lado, él se niega a renunciar porque tiene todo el derecho a terminar el período para el que fue electo constitucionalmente; y por el otro lado, el pueblo que le otorgó el mandato, ahora se retracta ejerciendo la soberanía que por definición posee.

Así las cosas, resulta que ambos tienen razón y las posiciones se han polarizado en extremo, por lo que lo conducente sería que un tribunal de arbitraje mediara en el asunto, pero difícilmente habrá alguno que desee mediar en tan delicado asunto legal, porque aunque lo hiciera, su dictamen seguramente podrá ser apelado en otro órgano judicial de mayor jerarquía, con lo que el estira y encoje continuará.

Adicional a lo expuesto, y, como algo más que debe ser tenido en cuenta al momento de llevar a cabo la “refundación del Estado” que el pueblo solicita, es que debe existir un mecanismo claro y práctico que el pueblo pueda emplear para desaforar a los diputados que hubiere electo, y otro para despedir sin más a los funcionarios que incumplieren su labor y/o abusaran de ellas.

En todo caso, es de suma importancia que la figura del antejuicio desaparezca de nuestro ordenamiento legal, pero, es aún más importante que se implementen mecanismos de control para el hacer de los funcionarios, y ellos tengan la obligación de rendir cuentas de su gestión ante el pueblo.