lunes, 7 de septiembre de 2015

Editorial 28 (20150907)

EDITORIAL

El equilibrio de poderes

La primera vuelta de las Elecciones Generales en Guatemala concluyó dentro de lo esperado, con algunos incidentes violentos aislados y con una participación ciudadana menor a la de otros eventos similares.
Al final de esta ronda electoral, ha resultado electa la totalidad de diputaciones al Congreso, al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y las corporaciones municipales, no así el o la titular de la Presidencia de la república, puesto que ningún candidato alcanzó el 50 por ciento de los votos más uno, necesarios para ello.
En tal virtud, tenemos ya la certeza en cuanto a la cantidad de diputados de cada partido que han sido electos al Congreso y, eso sí es bien importante, porque es un factor a tener muy en cuenta al momento de llevarse a cabo la segunda ronda electoral entre los dos candidatos a la Presidencia que hubieren alcanzado la mayor cantidad de votos en esta primera ronda.
A este respecto es de suma importancia –apuntábamos- tener en cuenta la conformación electa de las diferentes bancadas del nuevo Congreso, puesto que ello determinará en buen grado nuestra decisión al momento de votar en segunda vuelta a el(la) candidato(a) a la Presidencia, porque si votamos por la persona cuyo partido postulante posea la mayoría de diputados electos al Congreso, NO DEBEMOS VOTAR POR ELLA, porque estaríamos renunciando a la fiscalización de su actuar por los diputados y, de igual manera, estaríamos renunciando al veto presidencial de cualquier ley absurda o clientelar que hubiere promulgado el Congreso manipulado por la mayoría de votos de una sola bancada partidaria.

El asunto es grave y muy serio, porque las implicaciones que tiene para el futuro patrio son verdaderamente dignas de tomarse en cuenta al momento de votar en segunda vuelta, puesto que como ya se apuntó, podemos estar propiciando con nuestro voto el retorno de la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y compra de voluntades que nos ha traído hasta el momento histórico que se empezó a erradicar con las manifestaciones populares contra los exgobernantes que hoy enfrentan sendos procesos judiciales en su contra.

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