Oráculo (20180919)
Jolie Totò Ryzanek Voldan.
Teniendo en cuenta que los años vividos no pasan sin dejar
enseñanzas para ser transmitidas a las nuevas generaciones, me atrevo a
publicar mis personales apreciaciones para el futuro cercano de Guatemala.
Inicialmente veo, un muy maquiavélico plan –muy bien trazado–
por las élites oligarcas para perpetuarse –por un tiempo más– en la conducción
de los destinos de Guatemala y, obviamente, para seguir acrecentando sus
capitales que, –lo quieran o no– son posibles gracias a la mano de obra barata
que obtienen por mantener sumido al grueso de la población guatemalteca en la
miseria, como consecuencia del desempleo y la falta de control de la tremenda
explosión demográfica endémica en Guatemala. Señalando que para este último
tópico, su principal “punta de lanza” está conformado principalmente por las
confesiones religiosas que dicen “estar a favor de la vida”, sin decir que esta
misma vida debe tener una dignidad (precisamente, por sabernos tod@s hij@s de
Dios), y un futuro decente y no de miseria como el actual, amén de los daños
que provoca el obligar a las mujeres y niñas a sostener sus embarazos, aunque
estos no sean deseados.
“–en buen chapín–, se están garantizando
no ser perseguidos judicialmente por sus actos y, además, desean seguir cometiéndolos
durante el siguiente período gubernamental, luego de las elecciones del año
2019.”
Pero retomando el tema central de mis apreciaciones, veo que
las diferentes instituciones alineadas con las prácticas corruptas, se han ido
turnando para ir creando “cortinas de humo” que distraen la atención popular,
mientras otras –aprovechando la coyuntura creada–, toman acciones que poco a
poco, van consolidando toda una fortaleza que les provea de la necesaria impunidad
–pues su período está pronto a finalizar–, para poder retirarse de la vida
pública y gozar de los bienes mal habidos durante el actual período y, de ser
posible, garantizar que puedan participar en las elecciones –que de no hacerse
los cambios pertinentes–, podrán manejar “como siempre lo han hecho”. Es decir –en
buen chapín–, se están garantizando no ser perseguidos judicialmente por sus
actos y, además, desean seguir cometiéndolos durante el siguiente período gubernamental,
luego de las elecciones del año 2019.
El panorama general entonces, no se vislumbra para nada
halagüeño, pues estamos ante el desarrollo de un plan muy bien trazado,
tendiente a que nada cambie esencialmente y que el estatus quo siga tal cual, y de ser posible, les otorgue mayor “margen
de movimiento” al retroceder la historia patria a aquella época oscurantista
cuando el Ejército de Guatemala estaba por encima del propio pueblo que decía
defender y proteger, so pretexto de una inexistente “amenaza comunista” que en
la práctica ha desaparecido del futuro próximo, pues sostengo que aún vivimos
sumidos en un régimen feudal, pomposamente llamado capitalista, sin serlo ni
por asomo.
Para lograr tan aviesos fines, y como ya lo expliqué, basta
citar los ejemplos más recientes: En el Congreso, ponen a debate –y con la
participación activa de la sociedad civil– temas controversiales para toda la
ciudadanía como la despenalización del aborto, la concesión o no del derecho de
poder cambiar legalmente el género en la documentación de cada persona, el
resarcimiento de las niñas víctimas de violación, que puedan participar en las
próximas elecciones los diputados tránsfugas, y la reforma del Código Penal,
para que los principales implicados por el delito de Financiamiento Electoral
Ilícito no puedan ser encausados judicialmente en el futuro.
Mientras, el poder Ejecutivo (Presidencia) –en una conferencia
de prensa en que se apreció a todos los ministros y mandos militares y
policiales– hace uso de manera completamente impopular e inconsulta de su
derecho de no renovar el mandato para el funcionamiento de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), arguyendo que la
Comisión de marras se había dedicado a hacer “persecuciones selectivas” –¡ningún
ente investigador del mundo puede perseguir investigativamente a todos los
delincuentes!–, e inmiscuirse en “Asuntos de Estado” –¡claro, si el propio
Presidente de la República es el encartado!– precisamente, en el momento que
esta presentó ante el Ministerio Público (MP) –Fiscalía– indicios claros de la
comisión por el Presidente, de varios delitos.
La repulsa popular y legal no se hizo esperar y recurrieron
en Amparo –recurso urgente de protección ante medidas tomadas por autoridades–
ante el máximo tribunal guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad, que a su
vez lo otorgó de forma unánime y con una redacción sui generis, al omitir el nombre del Comisionado –Iván Velásquez– y
“abrió la puerta a un posible cambio” al escribir “el o la”, para que pudiera
ser incluso, una persona de sexo femenino.
Seguidamente, el Ejecutivo, por medio de los ministros de
Relaciones Exteriores y de Gobernación, además del Procurador General de la Nación
–abogado del Estado–, se presentaron en conferencia de prensa, “negando el
ingreso a territorio patrio del Comisionado titular de la CICIG, y lo desconocieron
oficialmente como tal unilateralmente”, todo de manera inconsulta con el pueblo,
y contraviniendo las más elementales normas del Derecho Internacional suscritas
y ratificadas por el Estado de Guatemala, consumando de esta manera un Golpe de
Estado, pues el mismo gobierno no obedeció una orden judicial –y de máximo tribunal
guatemalteco–, con lo cual se colocó en claro desacato del orden constitucional
establecido y juraron respetar.
No contentos con lo anterior, la ministra de Relaciones
Exteriores envió una misiva a la Organización de Naciones Unidas conminándola a
“nombrar un(a) nuevo(a) Comisionado(a) titular para la CICIG –note acá la
similitud de redacción con la resolución de la CC constituida en Tribunal de
Amparo–, para que viniera a “transferir toda la tecnología y funciones de la
misma antes de su retiro definitivo de Guatemala y ¡en un plazo de 48 horas!”
“no aceptarán presiones de ningún Estado”
y que “ratifican a Iván Velásquez como Comisionado titular de la CICIG.”
Hoy, 19 de septiembre de 2018, se ha conocido la respuesta
enfáticamente de la ONU, por medio de su Secretario General –que es quien tiene
la potestad de nombrar al Comisionado titular de la CICIG–, en cuanto a que “no
aceptarán presiones de ningún Estado” y que “ratifican a Iván Velásquez como
Comisionado titular de la CICIG.”
Así las cosas, con el orden constitucional roto por el
actual gobierno guatemalteco y la repulsa nacional e internacional por tal
accionar, solamente podemos esperar dos cosas:
1- Que
el actual gobierno “termine” de consolidarse como dictadura, y poco a poco se
acomoden las partes mediante arreglos y sentencias “tendientes a” ir
neutralizando mediante pequeñas concesiones, el auténtico deseo popular de “refundar
el Estado” guatemalteco.
2- Que
haya un estallido social –lo que es improbable en una sociedad carente de
verdaderos líderes que arrastren y conjunten las fuerzas hoy completamente
atomizadas– que lleve adelante las reformas que la población demanda.
