EDITORIAL
El
destape de la cloaca
Durante la presentación de pruebas contra Roxana Baldetti
en primera audiencia, no pudimos ocultar nuestro asombro por la increíble
operación que tenían montada para la defraudación aduanera, y ante la cantidad
de descubrimientos desvelados en una larga sesión. No fueron pocos quienes a
cada momento expresaban su indignación al enterarse de los pormenores de la
estructuración de la organización delictiva, pero fueron mayores los gestos
desaprobatorios conforme fue desvelada la participación de la sindicada y el
actual presidente, Otto Pérez Molina, puesto que solamente en una de las
pruebas se documentó que la sindicada se había beneficiado en Q54 millones, por
facilitar el ingreso de 500 furgones conteniendo mercadería al país.
Resulta pues que los comerciantes y los mafiosos se
benefician y por ende se ayudan. A este tipo de personas, nada le importa que
la recaudación disminuya o no la haya,
porque al final de cuentas, ellos no necesitan de los servicios de salud pública,
por ejemplo. Es decir son personas que solamente les interesa el dinero y nada
más, incluso si para obtenerlo cometen delitos.
La cantidad apabullante de pruebas presentada es
irrefutable, toda vez que fue sistematizada de manera tal que se presentaban
los hallazgos y luego se escuchaba el audio grabado. En cuanto a la prueba
documental, esta fue aún más abrumadora, puesto que se presentaron documentos
en que, incluso, se consignaba la cantidad de dinero que recibía cada
integrante de la estructura.
El precedente que sienta esta investigación es único en
la jurisprudencia guatemalteca, porque desveló algo que todos sabíamos, pero no
podíamos probar: Que en las esferas gubernamentales no se llega a hacer un buen
gobierno, sino a enriquecerse a costa del erario nacional.
Esperamos que la procesada sea condenada con todo el
rigor de la ley, porque su voracidad no tiene límites y ha costado, incluso, la
vida de guatemaltecos.
Igualmente, sabemos que el proceso será largo, porque
aunque las pruebas son abrumadoras en su contra, se interpondrá cuanto recurso
exista en nuestra legislación y correrá todos tipo de influencias para que,
pese a la contundente evidencia presentada, la hoy sindicada pueda ser
exculpada por cualquier tecnicismo o su juicio sea anulado por alguna instancia
superior, como lo acontecido en el caso Ríos Montt.
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