Hacia las elecciones (20150820)

ORIFICIO

Hacia las elecciones

Jolie Totò Ryzanek Voldan

Es indudable que cada evento electoral es diferente de los anteriores, por cuanto cambian los electores, los candidatos, el ente fiscalizador de ellos y el innegable avance de la tecnología que nos brinda aspectos del evento que antes ni soñábamos.

Las próximas elecciones en Guatemala poseen algunos ingredientes “extra” a los ya descritos, porque se desarrollarán en medio de una coyuntura social completamente sui géneris, puesto que fueron programadas antes que el descontento que cada cual guardaba para sí se hiciera visible y aflorara generalizadamente.

Pareciera ser que alguna mano maquiavélica hubiese planeado todo tan cabal y sin ningún fallo, para qué los acontecimientos se sucedieran en un orden tal que las próximas elecciones se tuvieran que llevar a cabo en el peor de los marcos posibles. Inicialmente, la población se molestó por las poco transparentes elecciones de miembros del ente regulador de ellas (el Tribunal Supremo Electoral –TSE-); los magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las salas de Apelaciones y, para cerrar con broche de oro, la elección de la Junta Directiva del Congreso… Considero que nadie había caído en ese momento en el trasfondo de tal actuar, y lo veían como “parte de lo mismo que siempre ocurre solamente en Guatemala”, nadie imaginaba siquiera, que se había perdido la esperanza de apelar a cualquier instancia legal para hacer cualquier reclamo por las elecciones, por el sistema y por los juicios a funcionarios… ¡Fue una movida magistral!, porque aunque se acudiese a cualquier instancia legal, nada, absolutamente nada que perjudicara a la clase en el poder ocurriría.

Y pasó: pues después de un fuerte pulso entre la sociedad y la comunidad internacional contra el gobierno, el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue prorrogado, puesto que esta entidad por no ser parte oficial del Estado, escapó al control de la mafia gubernamental, merced también de su carácter internacional.

A los pocos días de haber sido prorrogado su mandato, la CICIG y el Ministerio Público (MP) destaparon varios escándalos legales que salpicaban a las más altas autoridades gubernamentales y el descontento popular afloró exigiendo el enjuiciamiento de los involucrados, y la renuncia de los funcionarios al más alto nivel.

Hubo algunas renuncias, destituciones y fugas de involucrados en los escándalos de marras, pero el descontento siguió, porque hasta ese momento, el pueblo cayó en cuenta que en Guatemala no se podía hacer valer el imperio de la ley, porque las personas encargadas de impartir justicia tienen toda la discrecionalidad para trabajar a velocidad de gobierno (lento, parado y despacio) y cuando emiten finalmente algún veredicto, este puede ser apelado ante otro juez, ante la Corte de Apelaciones, ante la CSJ y ante la propia Corte de Constitucionalidad, para que finalmente, los procesos de antejuicio lleguen al Congreso, quien debe conformar una comisión pesquisidora y cada uno de sus integrantes, puede ser cuestionado en todas las instancias ya descritas (¡De verdad que parece broma, pero no lo es!)… hasta que finalmente, la susodicha comisión pesquisidora rinde su informe al pleno de diputados que, para poder votar el retiro de la inmunidad a cualquier funcionario, debe hacerlo por mayoría calificada (105 de 185 votos posibles).

Así que ante tal situación de “frustración ciudadana”, nos guste o no, deberemos asistir al próximo evento electoral a elegir nuevamente a nuestras autoridades, con la única esperanza que quien resulte electo(a) interponga sus buenos oficios, para implementar los deseos ciudadanos, y el nuevo Congreso logre conseguir la voluntad política de todos sus integrantes para que valientemente dispongan convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que cuando sea electa interprete el sentir ciudadano, mientras el Congreso se disuelve.