EDITORIAL
El
futuro de OPM
Ante la obcecación de Otto Pérez Molina de no dimitir de
la Presidencia de la República, cabe esperar que cumpla su palabra de enfrentar
las consecuencias, que a nuestra manera de ver solamente puede ser una: Esperar
que el pleno de diputados al Congreso le retire la inmunidad y, por lo tanto,
que sea investigada su participación o complicidad en la comisión de los
delitos que se le imputan y, probablemente otros que pudieran imputársele, luego
de las investigaciones.
En todo caso, no es que en el hipotético caso que el
Congreso finalmente le retirara la inmunidad vaya a ser capturado, puesto que
hasta ese momento no habrá una acusación formal y esta no se dará si no hay
pruebas que apoyen la decisión de un juez para que dicte orden de captura
contra él.
Es decir, el pleno de diputados decidirá si hay motivos
suficientes para que pueda ser investigado, luego de lo cual, el Ministerio
Público (MP) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), llevarán a cabo las investigaciones del caso, para presentar
las pruebas formales (si las encuentran), para que un juez dicte la orden de
aprehensión en su contra o le llame a prestar su primera declaración, teniendo
antes que investir como presidente a su actual vicepresidente, Alejandro
Maldonado Aguirre.
En cuanto a los motivos que se deben investigar figuran
de manera preponderante y en primerísimo lugar, sus nexos con la red de
defraudación aduanera conocida como “La Línea”, y de ahí en adelante, todo cuanto
surja como derivado de los hallazgos, para ligarlo o deslindarlo de ese proceso
o abrir un nuevo proceso contra él, específicamente por otros delitos, como
genocidio o los delitos que puedan imputársele por el reiterado incumplimiento
y violación de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, por
mencionar algunos ejemplos.
Sinceramente creemos que nuestro sistema de justicia es
imperfecto, y de muy lenta aplicación, porque existe una enorme cantidad de
recursos, apelaciones, amparos, recusaciones, consultas constitucionales, que
los abogados defensores no dudan en utilizar, si con ello retrasan aunque sea
un minuto el fallo final de cualquier corte judicial; mas no por ello hemos de
dejar que nos domine la desesperanza de lograr que cualquier delincuente pague
el daño que hace y, en este caso, si el delincuente fue el presidente con mayor
razón, puesto que ello enviará el mensaje claro que nadie es superior a la ley.
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